La Comunidad ha contratado 147 plazas de acogimiento residencial para menores extranjeros no acompañados (MENAS) desde el pasado mes de septiembre, con una inversión de más de 7 millones de euros. Estos recursos se han contratado a través de entidades habituadas a trabajar con colectivos vulnerables, que ofrecen los recursos tanto materiales como humanos necesarios para atender a estos jóvenes de entre 13 y 17 años.

El Gobierno regional ha aprobado el gasto derivado de la contratación de estas plazas de atención inmediata a menores, que se suman a la ampliación de recursos en la red estable de la Comunidad de Madrid, que ya cuenta con 145 plazas repartidas entre el centro de primera acogida de Hortaleza (90 plazas) y el centro Isabel Clara Eugenia (55 plazas). Además, está trabajando de la mano de entidades sociales para dar una solución a la llegada de menores no acompañados sin ningún tipo de derivación oficial. En 2018 se ha atendido a casi 1.400 menores en los recursos de primera acogida.

El Gobierno de Ángel Garrido está volcado con la protección y atención integral de la infancia, impulsando iniciativas que incidan en el bienestar de los menores y que mejoren su situación real. Por ello, entre otras medidas, en esta legislatura se ha creado la Dirección General de la Familia y el Menor con dos objetivos principales: protección al menor y apoyo a la familia.

Igualmente, se han puesto en marcha: el Plan de Infancia y Adolescencia 2017-2021, que destina 1.988,6 millones y 230 medidas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los menores; la Estrategia de Apoyo a la Familia (288 medidas y un presupuesto de 2.700 millones de euros), y la Estrategia de Inclusión Social. Además, se ha creado el Estatuto del Guardador y se ha aumentado el presupuesto para acogimiento familiar hasta los casi 6 millones de euros.

Convenio de atención a la infancia y adolescencia
La Comunidad también ha autorizado la prórroga del convenio de colaboración con la Federación de Plataformas Sociales Pinardi para desarrollar un servicio de prevención y atención a la infancia y adolescencia en situación de dificultad social. El importe total de la prórroga es de 318.718 euros, y el periodo de ejecución será de un año. A través del proyecto gestionado mediante este convenio, ha atendido en 2018 a un total de 616 menores de 490 familias de la región.